La Moneda cede a presiones de la derecha: fórmula del Gobierno para favorecer a violadores de DD.HH. de Punta Peuco indigna a la oposición

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Finalmente el Gobierno encontró una fórmula -desde ya resistida por la oposición- delante la polémica generada por la insistencia de sectores de la derecha para indultar a violadores de DD.HH. en el interior de las medidas que favorece a los reos de menos peligrosidad en medio de la crisis por el coronavirus.

Tras una reunión en La Moneda, el ministro de Razón Hernán Larraín, comunicó que el Presidente Sebastián Piñera enviará un veto aditivo con discusión inmediata al Congreso para reponer dos disposiciones rechazadas el martes en el plan de indulto conmutativo.

Pero adicionalmente, como un expresión a los sectores de Pimiento Vamos, incluso pondrá discusión inmediata al plan de Ley Humanitaria, que en los hechos permitirá alcanzar al mismo beneficio de pena conmutativa de arresto domiciliario a los reos de Punta Peuco, mayores de 75 abriles, aunque estén condenados por delitos de lesa humanidad.

La atrevimiento del Gobierno generó molestia en las filas opositoras, desde donde dejaron en claro que no hay tierra para un indulto a violadores de DD.HH. vía Ley Humanitaria, como ahora pretende La Moneda.

“Nos parece bien que el Presidente haya decidido reponer, a través de un veto aditivo, el indulto conmutativo a personas que están privadas de libertad por delitos menores, pero esto que le hace un gesto a la ultraderecha de la Ley Humanitaria no lo vamos a aceptar”, dijo el senador PPD Felipe Harboe.

Según el parlamentario, “nosotros no vamos a aceptar que salgan ni homicidas, ni violadores, ni menos aún violadores de derechos humanos, eso sí que no, aunque haya una ley humanitaria eso no va a ocurrir ni va a contar con los votos nuestros”.

Para el presidente del Partido Socialista Alvaro Elizalde, “es francamente inaceptable que se aproveche la coyuntura del Covid 19 para consagrar la impunidad en materia de violación a los derechos humanos en el país”.

A su prudencia, el Gobierno “de contrabando pretende legislar para que quienes están condenados por la justicia por crímenes de lesa humanidad en nuestro país terminen sin cumplir sus penas. La democracia exige respeto irrestricto a los derechos humanos y la sanción efectiva a quienes los violan para sentar un precedente para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas atrocidades”.

A su turno, el senador del mismo partido, Alfonso de Urresti catalogó como “inadmisible que los senadores de Gobierno a través de una presentación ante el TC estén paralizando esta ley que da un indulto a quienes están en serio riesgo de contraer el coronavirus. Acá hay un tema ideológico de una derecha dura que quiere extender estos beneficios a violadores de derechos humanos de Punta Peuco es realmente inadmisible porque la salud de la población penal está siendo impedida de llevar a cabo por una visión ideológica de los nostálgicos de la dictadura”.

Por su parte, el diputado PS Leonardo Soto sostuvo que “el Gobierno perdió completamente la brújula de las prioridades de los chilenos (…) Mientras millones de hombres y mujeres están clamando por ayuda social, económica y laboral para enfrentar el confinamiento frente al avance del coronavirus, el Gobierno está preocupado de liberar a los reos de Punta Peuco”. “Si el Gobierno quiere llevarnos a las prioridades de la UDI y RN, la oposición desde ya debe decir que no cuentan con nosotros”, recalcó.

Esta jugarreta de la derecha incluso fue condenada por el presidente del Partido por la Democracia Heraldo Muñoz, quien sostuvo que resulta “lamentable que parlamentarios de Chile Vamos no estén de acuerdo con un proyecto presentad por el Gobierno para proteger a la población carcelaria más vulnerable al coronavirus, mujeres con hijos o mayores de dos años, mujeres embarazadas y condenados mayores de 60 años que tendría que cumplir el resto de la pea con arresto domiciliario”.

“El Gobierno ha tenido serias dificultades para ordenar al oficialismo que, en los hechos, se ha transformado en un sector obstruccionista que ha impedido que se avance más rápido en la aprobación de iniciativas fundamentales para enfrentar la emergencia”, dijo por su parte Elizalde.

Para el senador RD Juan Ignacio Latorre, las decisiones del Gobierno responden a la “presión del pinochetismo y la derecha dura”, pero adicionalmente puso foco en otro punto: “Hay un llamado de atención al Gobierno y el poder Judicial para considerar la situación de las dos mil personas que están en prisión preventiva, presos de la revuelta popular del 18 de octubre, y que perfectamente podrían seguir su proceso judicial con arresto domiciliario” en este contexto de coronavirus.

Los argumentos de Larraín

Al hacer el anuncio, el ministro de Rectitud dijo que “vamos a poner la máxima urgencia al proyecto de ley que el gobierno había presentado a fines de 2018, la Ley Humanitaria, que le permite este beneficio a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la pena, que estén en riesgo inminente de muerte”.

Larraín fue enfático en que de esta Ley Humanitaria “nadie queda excluido”, ni siquiera los reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. “La Ley Humanitaria que hemos presentado a fines de 2018 exige requisitos muy precisos, como son 75 años edad, haber cumplido la mitad de la pena y estar en riesgo de muerte, lo que debe ser acreditado, o sufrir invalidez total. En esa circunstancia no se excluye a las personas por haber cometido delito determinado. Nadie queda excluido”, dijo.

En cuanto al veto aditivo, este incorpora dos delitos nuevos (a los excluidos del beneficio), uno relacionado con la ley de control de armas y otro con asociación ilícita en el caso de narcotráfico, “agregando un delito adicional que queremos que también quede excluido del beneficio: a aquellas personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar. También pensamos que no son acreedores a este beneficio”.

Este postrer punto fue destacado por el diputado DC Matías Walker. “Tal como lo habíamos pedido, veto presidencial a proyecto de indulto conmutativo no incluirá a violadores de DDHH dentro de beneficiarios, quedando asimismo excluidos los condenados por VIF, pues no deben cumplir la pena conviviendo con agredidas(os)”, indicó.

Respuesta del oficialismo

Respecto a la posición que adoptará la derecha en este tema, en RN no hay mayores luces. El diputado Sebastián Torrealba indicó que “en este proyecto tuvimos posiciones distintas, lo que ha pasado en muchos proyectos de ley dentro de RN (…) dentro de la bancada vamos a tener que ver contenido del veto y evidentemente vamos a tener una conversación para ver qué posición vamos a tomar”.

Sin secuestro en la UDI respondieron con dureza. La presidenta del gremialismo Jacqueline Van Rysselberghe sostuvo que los anuncios del Gobierno fueron “absolutamente insuficientes”.

“El darle discusión inmediata a una ley que está hace dos abriles durmiendo en el Congreso no es suficiente. Hoy día tenemos una pandemia que ataca con fuerza y que aumenta la mortalidad en pacientes mayores de 70 abriles, y resulta que en Punta Peuco hay mucha muchedumbre veterano de 70 abriles que en la plazo de los 70 estaban de turno, no tenían mando, no fueron autores materiales y que hoy día tienen enfermedades concomitantes, y que están dispuestos a dejar que se contagien fruto al aglomeración que existe en esa prisión”, señaló.

Con respecto al arbitrio ingresado al TC, la senadora indicó que “nosotros no tenemos ninguna intención de retirarlo del Tribunal Constitucional porque creemos de verdad que acá se está cometiendo una discriminación arbitraria que no corresponde”.

“Duele que nuestro Gobierno esté cometiendo una discriminación de esa naturaleza. Por esa razón vamos a conversar entre los senadores que firmamos este requerimiento”, añadió.

A su vez, el senador RN Francisco Chahuán, uno de los firmantes del solicitud frente a el TC, dijo que “por supuesto que es un avance que le hayan puesto urgencia al proyecto de Ley Humanitaria, pero acá estamos hablando de una cosa completamente distinta”.

“Estamos hablando de los mayores de 75 años que pueden haber sido condenados hace cinco o diez años y que por algún tipo de delito distinto a los de lesa humanidad, pero que estén en condiciones sanitarias complejas frente a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, por lo tanto el llamado que le quiero hacer al Gobierno es que lea el requerimiento”, sostuvo el senador por la Región de Valparaíso.