Tribunal Supremo de Venezuela congela las cuentas y prohíbe la salida del país a la fiscal general Luisa Ortega

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El Tribunal Supremo de Probidad (TSJ) de Venezuela aprobó este miércoles medidas cautelares en contra de la fiscal caudillo Luisa Ortega, las cuales incluyen una prohibición para salir del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

En un comunicado, el TSJ informó que las medidas son preventivas delante la comprensión de un “antejuicio de mérito” en contra de Ortega por “la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

En el ámbito de ese proceso, iniciado por la denuncia del diputado oficialista Pedro Carreño, fue fijada una audiencia para el 4 de julio.

Ortega es titular de la Fiscalía Universal desde 2007. Tras abriles en que la concurso la consideraba alineada con el oficialismo, en las últimas semanas se ha convertido en una de las más prominentes figuras críticas al gobierno de Nicolás Prudente.

Juicioso dijo que lo que no consigan con los votos lo harán con las armas.

El constitucionalista Jose Ignacio Hernández, crítico con el gobierno, calificó la osadía de la Sala Plena del TSJ como un “claro abuso de poder” al suceder dictado medidas cautelares propias de un prudencia penal.

“Lo único que la Sala Plena puede decidir es si @lortegadiaz incurrió en faltas graves que justifiquen su remoción”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

Denuncias

Horas antiguamente de que se revelara la valor del TSJ, la funcionaria había ostensible que está dispuesta a seguir enfrentándose contra el desmantelamiento del Estado del que acusa al gobierno y al poder contencioso.

“Defenderé la democracia y la Constitución hasta con mi vida. Lo juro”, dijo Ortega en un pronunciamiento conocido.

Ortega criticó este miércoles dos sentencias del TSJ que minan el poder de la Fiscalía Común que dirige: una es la que permite a la Defensoría del Pueblo hacer investigaciones penales y la otra es la que anula la designación de la vicefiscal, la cual la reemplazaría en el cargo en caso de una destitución.

“Es un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público”, denunció Ortega.

Casi 80 personas han muerto en incidentes relacionados con las protestas.

Incluso había denunciado delante el mismo TSJ la convocatoria de la Asamblea Doméstico Constituyente promovida por el presidente Nicolás Madurado para reorganizar el Estado y redactar una nueva Constitución.

Pero sus peticiones no han sido atendidas.

La funcionaria se considera seguidora del movimiento político del fallecido presidente Hugo Chávez, pero miembros del contemporáneo gobierno la han calificado de “traidora” e “indigna” por sus declaraciones y denuncias de las últimas semanas.

Frente a la crisis económica del país y las disputas políticas, Ortega ha dicho que se está destruyendo el donación de Chávez.

El descontento social del país se ha agudizado desde abril, cuando una sentencia del TSJ que luego fue parcialmente revertida limitaba el poder de la Asamblea Doméstico, dominada por la mayoría opositora al gobierno de Madurado.

Casi 80 personas han muerto en incidentes relacionados con las protestas.

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